Carretera de Formentor

El TSJB imputa al Ayuntamiento de Pollensa en un caso de contaminación acústica

En una sentencia dictada el 31 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha condenado al Ayuntamiento de Pollensa a indemnizar a dos vecinos del Puerto de Pollensa con 38.360 euros + intereses legales. El tribunal dictaminó que el ayuntamiento no tomó ninguna medida contra un bar, después de que sus vecinos denunciaran contaminación acústica en múltiples ocasiones. El resultado fue una situación que causó a los residentes graves problemas de salud.

Esta sentencia del TSJB, anula la dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo que anteriormente falló a favor tanto del Ayuntamiento como del restaurante. Dándole la vuelta, el TSJB declara que la institución municipal “ha lesionado los derechos fundamentales” de los vecinos y ordena la “suspensión inmediata” de la fuente de ruido del restaurante hasta que la propiedad “pueda demostrar” que el espectáculo musical “está sujeto al escrupuloso cumplimiento de la ley”.

Los vecinos recurrieron esta decisión inicial alegando que la evaluación de las pruebas sonométricas era insuficiente e incluso omitió un informe. Además, los recurrentes alegaron que la sentencia no analizó otras pruebas importantes como las grabaciones de imagen y sonido, los informes periciales sobre los efectos en la salud o los informes y actas elaborados por la Policía Local.

El Ministerio Público también se sumó al recurso de los vecinos y consideró que había una “valoración errónea de las pruebas”. El Fiscal explicó que ante todas las denuncias presentadas “el Ayuntamiento no adoptó ninguna medida, no hizo ninguna medición técnica” y que “sólo reaccionó con la presentación de este procedimiento realizando algunas inspecciones a partir de abril de 2023, pero sin ningún sonómetro”.

El TSJB concluyó que el Ayuntamiento “tenía la obligación inexcusable de actuar y hacerlo con eficacia, comprobando la veracidad de estas denuncias y la realidad o no de la contaminación acústica de la que se quejaban los recurrentes” porque ésta “puede causar daños a la salud de las personas e impedir el descanso y la tranquilidad en su propio domicilio”, con independencia de que se trate de primera o segunda residencia (como alegaba la empresa). “Lo que importa y debe tenerse en cuenta es el ruido que se soporta en una determinada vivienda habitada, donde el residente tiene pleno derecho a disfrutar de su intimidad y de su inviolabilidad”, afirma la sentencia.

Los dos vecinos afectados presentaron veinte denuncias entre 2020 y 2021 para denunciar el ruido del bar-restaurante situado junto a su domicilio. Sin embargo, el Consejo “no realizó ninguna medición sonométrica” porque, entre otras cosas, “no disponía de un aparato sonométrico homologado para realizar mediciones”.

La sentencia considera probado que los recurrentes sufrieron trastornos psicológicos causados por la “contaminación acústica”. Uno de ellos padece un trastorno de adaptación, mientras que el otro sufre un trastorno depresivo mayor y un trastorno de estrés postraumático por haber soportado el ruido durante 29 meses.

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